Yucatán endurece control inmobiliario: miles operan sin certificación oficial

El sector inmobiliario en Yucatán entra en una nueva etapa de regulación con la aplicación de reformas legales que buscan reforzar el control sobre las operaciones de compra-venta de bienes raíces, en un contexto donde miles de personas aún ejercen sin certificación.

De acuerdo con la empresaria y ex presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Beatriz Gamboa Lago, el auge económico del estado ha colocado a la entidad bajo la atención de autoridades federales encargadas de combatir el lavado de dinero.

Nueva regulación y vigilancia más estricta

La reforma a la Ley Antilavado, vigente desde el 1 de enero, establece un marco más riguroso para las operaciones inmobiliarias. Se prevé que antes de julio la Secretaría de Hacienda emita disposiciones específicas que permitirán intensificar la supervisión en este sector.

A partir de estas modificaciones, solo podrán participar en operaciones inmobiliarias quienes cuenten con certificaciones como Asesor Inmobiliario Certificado, Agencia Inmobiliaria Certificada o Asesor Inmobiliario Aliado, figuras que deberán estar debidamente registradas.

En este proceso, el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy) será la única instancia autorizada para otorgar las acreditaciones correspondientes.

Miles fuera del marco legal

Según estimaciones del sector, alrededor de 5,000 personas se dedican actualmente a la venta de bienes inmuebles en Yucatán; sin embargo, apenas unas 400 están en proceso de certificación.

Este desfase evidencia que una gran parte de las operaciones se realizan sin respaldo legal suficiente, lo que incrementa riesgos para los compradores, incluyendo posibles fraudes mediante plataformas digitales o promociones irregulares.

Impacto: menos fraudes y mayor control

La implementación de estas medidas busca reducir prácticas como la venta de terrenos sin servicios, operaciones con recursos en efectivo de origen no claro y esquemas fraudulentos.

Además, Yucatán se posiciona como el único estado donde la legislación obliga a que asesores inmobiliarios aparezcan en protocolos notariales con datos completos, licencias, tarifas y comprobación fiscal de sus servicios.

También deberán registrar sus contratos ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), lo que añade una capa adicional de protección para los compradores.

Costos y nuevas exigencias para el sector

El nuevo marco regulatorio implica que los asesores inviertan en herramientas tecnológicas, resguardo seguro de documentos y cumplimiento de procesos administrativos más estrictos.

Asimismo, deberán capacitarse mediante programas avalados por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), con cursos que van de 10 a 50 horas, requisito indispensable para obtener la licencia.

Auge inmobiliario y presión externa

El endurecimiento de estas normas ocurre en medio de un crecimiento acelerado del mercado inmobiliario en Yucatán, impulsado por factores como la seguridad pública, su ubicación estratégica y el desarrollo de infraestructura como el puerto de Progreso.

Este dinamismo ha atraído a inversionistas de distintas partes del país y del extranjero, lo que ha elevado el valor de las propiedades y transformado el perfil de los compradores.

De acuerdo con especialistas, este fenómeno también ha encendido alertas sobre posibles inversiones de origen irregular, lo que explica el fortalecimiento de la supervisión por parte de autoridades hacendarias y organismos internacionales.