Clausuran predio en Dzibilchaltún por daño ambiental y hallazgo arqueológico sin permisos

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó la clausura temporal total de un predio localizado dentro del polígono del Parque Nacional Dzibilchaltún, en el municipio de Mérida, luego de detectar actividades de remoción de selva sin autorización y la presencia de vestigios arqueológicos en la zona.

Las acciones de inspección se llevaron a cabo el 29 de diciembre de 2025, como resultado de una orden emitida días antes, derivada de una denuncia ciudadana que alertó sobre posibles afectaciones ambientales al interior de esta Área Natural Protegida. Durante la diligencia, personal de Profepa constató la remoción parcial de vegetación realizada de manera manual en un ecosistema de selva baja caducifolia.

Aunque parte del estrato arbóreo se mantenía en pie, la autoridad ambiental verificó la delimitación del predio mediante alambre de púas en su colindancia poniente y un cerco de piedras en la colindancia oriente, ambos ubicados dentro del área protegida. Estas acciones evidencian un cambio de uso de suelo realizado sin los permisos correspondientes.

La inspección también reveló la existencia de vestigios arqueológicos al interior del terreno, así como áreas de vegetación que no han sido intervenidas, lo que incrementa el valor ambiental y cultural del sitio. Profepa señaló que cualquier modificación en terrenos forestales, y especialmente dentro de un Área Natural Protegida, requiere autorización expresa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), requisito que no fue acreditado.

Ante estas irregularidades, la dependencia federal colocó sellos de clausura como medida de seguridad, con el propósito de detener cualquier actividad adicional que pudiera ocasionar mayores daños al ecosistema o al patrimonio cultural. Asimismo, reiteró su compromiso con la atención de denuncias ciudadanas y con la protección de las Áreas Naturales Protegidas del país.

Profepa informó que dará seguimiento al procedimiento administrativo correspondiente, conforme a la legislación ambiental vigente, para determinar las responsabilidades y sanciones que resulten aplicables.