Frenan deforestación en Quintana Roo: Federación interviene ante expansión menonita en la selva maya

La expansión agrícola en el sur de Quintana Roo encendió las alertas ambientales. Ante la pérdida de más de 30 mil hectáreas de cobertura forestal en los últimos años, autoridades federales y estatales anunciaron acciones coordinadas para contener la deforestación vinculada a asentamientos menonitas en la región.

El secretario de Ecología y Medio Ambiente del estado, Óscar Rébora Aguilera, informó que la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Mariana Boy, encabezará una agenda de trabajo en el municipio de Bacalar. La visita forma parte de una estrategia para fortalecer el combate a la tala ilegal y proteger ecosistemas clave como la selva y los manglares.

La intervención contempla un enfoque interinstitucional. Como parte de esta ruta, se prevé la firma de un convenio de colaboración con la Procuraduría Agraria, con el objetivo de reforzar la supervisión sobre la tenencia de la tierra y los cambios de uso de suelo en zonas ejidales.

De acuerdo con autoridades estatales, la problemática se ha intensificado por prácticas de desmonte asociadas a modelos de agricultura intensiva. En muchos casos, estas actividades implican la eliminación total de la vegetación original para establecer monocultivos, lo que resulta incompatible con la fragilidad ecológica de la región.

Rébora Aguilera señaló que el gobierno estatal ha mantenido operativos en la zona, incluyendo el aseguramiento de maquinaria, como parte de los primeros esfuerzos para frenar la degradación ambiental. Asimismo, destacó que se ha dado seguimiento a denuncias de comunidades y organizaciones ambientalistas.

El diagnóstico oficial advierte que la deforestación ha avanzado de manera sostenida en distintas áreas del estado, particularmente en territorios donde se han rentado grandes extensiones de tierra para uso agrícola sin respetar plenamente la normatividad ambiental.

Frente a este escenario, la postura de las autoridades no es detener la actividad productiva, sino regularla. El objetivo es garantizar que las prácticas agrícolas se desarrollen en zonas aptas y bajo criterios legales que no comprometan ecosistemas de alto valor ambiental.

Las acciones que iniciarán en Bacalar buscan establecer un “blindaje” para la selva maya, uno de los sistemas naturales más importantes del país, y frenar una tendencia de degradación que amenaza la biodiversidad y los servicios ambientales de la región.