Blindaje ambiental en la Península de Yucatán: firman convenio para frenar la deforestación

En un esfuerzo por contener la pérdida de selva y fortalecer la protección del territorio, autoridades federales y agrarias firmaron un convenio de colaboración interinstitucional enfocado en frenar la deforestación en la Península de Yucatán, una de las regiones más relevantes del país por su riqueza ambiental.

El acuerdo involucra a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el Registro Agrario Nacional (RAN) y la Procuraduría Agraria, quienes coordinarán acciones en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. La estrategia busca atender de manera integral el desmonte ilegal y el cambio de uso de suelo no autorizado, fenómenos que han impactado de forma creciente a la Selva Maya.

Durante la firma del convenio, realizada en Cancún, se destacó que esta región alberga el segundo macizo forestal más importante del continente, solo después de la Amazonía. En este contexto, las autoridades subrayaron la necesidad de impulsar esquemas de aprovechamiento sustentable que permitan conservar los ecosistemas sin frenar el desarrollo económico local.

Uno de los ejes centrales del acuerdo es el fortalecimiento de la inspección y vigilancia ambiental. A través de la coordinación entre la Profepa y el RAN, se busca mejorar la identificación de predios y detectar oportunamente cambios ilegales en el uso del suelo, lo que permitirá actuar con mayor eficacia frente a actividades irregulares.

Además, el convenio pretende cerrar vacíos legales y de información que han facilitado tanto la deforestación como el acaparamiento de tierras en zonas de propiedad social. En la península, una proporción significativa del territorio pertenece a ejidos y comunidades, lo que vuelve clave la articulación entre autoridades agrarias y ambientales.

En el caso de Quintana Roo, la situación es particularmente relevante: más de la mitad del territorio corresponde a propiedad social, lo que implica que cualquier estrategia de conservación debe involucrar directamente a ejidatarios y comunidades.

Durante el acto, la gobernadora Mara Lezama advirtió sobre la presión que enfrentan los ecosistemas de la región, señalando que en los últimos años se ha registrado una pérdida considerable de cobertura forestal en municipios como Bacalar, Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas y Benito Juárez.

En este sentido, enfatizó que la biodiversidad de Quintana Roo no solo es un patrimonio natural, sino también la base de actividades económicas que sostienen a miles de familias, por lo que su conservación debe asumirse como una prioridad estratégica.

El convenio también contempla la participación de instancias vinculadas al ordenamiento territorial, lo que permitirá fortalecer el acompañamiento a ejidos y comunidades en el cumplimiento de la normatividad ambiental.

Con esta alianza, las autoridades buscan consolidar un modelo de gobernanza territorial que combine protección ambiental, certeza jurídica y desarrollo sostenible, en una región clave para la biodiversidad y el equilibrio ecológico del país.