Sheinbaum solicita al Senado permitir ingreso de Navy SEALs

La Presidencia de la República remitió al Senado, el 17 de diciembre de 2025, una solicitud formal para autorizar el ingreso temporal a México de elementos pertenecientes a unidades de operaciones especiales de la Marina de Estados Unidos, entre ellas los Navy SEALs, con el propósito de participar en un programa de adiestramiento conjunto con la Armada de México.

Según la petición, el grupo que llegaría al país estaría compuesto por 29 efectivos: 19 asignados a los Navy SEALs y 10 al Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina estadounidense. La solicitud destaca que la entrada de personal extranjero se limitaría a actividades de capacitación y no a operaciones de combate en territorio nacional.

Las maniobras planeadas se desarrollarían por fases y en instalaciones de la propia Armada mexicana. La primera etapa contempla operaciones terrestres en el Centro de Entrenamiento Avanzado de la Marina, en Donato Guerra, Estado de México; fases posteriores incluyen adiestramiento aeromóvil y terrestre en el Centro de Capacitación Especializado de Infantería de Marina en Champotón, Campeche, y ejercicios marítimos en el Mando Naval de Ciudad del Carmen. El calendario propuesto se extiende entre enero y abril de 2026, con fechas específicas para cada fase consignadas en el documento oficial.

En paralelo, la Presidencia solicitó también autorización para que personal de la Armada de México salga del país y participe en el ejercicio denominado “Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales”, programado en Camp Shelby, Mississippi, del 18 de enero al 13 de marzo de 2026. Esta doble vía —ingreso de estadounidenses para adiestramiento en México y salida de marinos mexicanos a Estados Unidos— forma parte, según el gobierno, de un esquema de cooperación bilateral en materia de adiestramiento militar.

Los documentos oficiales y la cobertura periodística señalan que los objetivos del programa son mejorar las capacidades operativas de las unidades navales especializadas, incrementar la interoperabilidad y fortalecer canales de cooperación para tareas propias de las misiones de operaciones especiales. La solicitud fue turnada a las instancias legislativas correspondientes para su análisis y eventual autorización.

Qué implica y qué preguntas abre

• Cooperación técnica vs. soberanía operativa. El gobierno subraya que se trata de adiestramiento; sin embargo, movimientos de fuerzas extranjeras en territorio nacional suelen generar debate político y operativo sobre límites, control y supervisión legislativa.

• Transparencia institucional. La autorización es competencia del Senado; el escrutinio público y los términos del convenio (áreas de trabajo, reglas de enfrentamiento, duración y control de actividades) serán elementos clave en la discusión.

• Impacto regional. Para Campeche, la designación de sedes de adiestramiento puede significar mayor actividad logística y visibilidad institucional; igualmente, genera expectativas y cuestionamientos locales sobre seguridad y coordinación con autoridades estatales.

La solicitud enviada por el Ejecutivo para el ingreso de 29 efectivos estadounidenses y el intercambio de personal con Estados Unidos plantea un proceso formal de autorización legislativa y abre un debate sobre el alcance y la supervisión de la cooperación militar bilateral en 2026. Los documentos oficiales precisan sedes, fases y fechas, y ahora corresponde al Senado revisar y resolver conforme a la normatividad vigente.